La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 21 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y elabora otras 11 por el delito de usurpación de profesión, contra 32 servidores públicos que entregaron cédulas y títulos profesionales falsos.
Además, la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó dos denuncias penales por la misma causa, y en otros dos casos similares no procedió la presentación de esa herramienta.
Investigaciones realizadas por la dependencia en 2011 descubrieron que 36 servidores públicos presentaron documentación apócrifa al ingresar a las secretarías del Trabajo y de Salud.
También a los institutos Mexicano del Seguro Social y Nacional de Salud Pública, al Hospital Juárez de México y al Centro de Recursos Educativos Avanzados en Chiapas.
De las cédulas y títulos profesionales falsos detectados, 23 corresponden a personal de mandos medio y superior: con pasado de militancia priista, una dirección general, dos direcciones generales adjuntas, ocho direcciones de área, cuatro subdirectores y ocho jefes de departamento; otros ocho documentos falsos corresponden a personal de apoyo.
En un comunicado, la SFP mencionó que encontró a cinco servidores públicos de la Secretaría del Trabajo en la misma situación; sin embargo, al estar adscritos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la dependencia carece de facultades para sancionarlos, por lo cual dio vista a la JFCA para su trámite.
En lo administrativo, dos servidores públicos fueron inhabilitados por 10 años y destituidos, uno fue inhabilitado por cinco años y destituido, uno fue inhabilitado por tres años, cuatro fueron inhabilitados por dos años y destituidos, cinco fueron inhabilitados por dos años, y tres fueron inhabilitados por un año.
Asimismo, diez recibieron una amonestación pública, en cuatro casos sigue abierto el proceso y en un caso más no ha sido posible notificar la sanción.
Este caso de los 36 servidores públicos se suma al que se dio a conocer en agosto de 2010, cuando la SFP presentó 22 denuncias penales ante la PGR por los mismos motivos. Resulta que Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, titular de Liconsa México se tituló de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, sin embargo, nadie recuerda que haya asistido a la escuela. Por otro lado, el instituto no tiene modalidad a distancia o vía internet.
La ceremonia en la que el funcionario se tituló se llevó a cabo el sábado 3 de diciembre de 2016, sin embargo, él no asistió a la ceremonia.
El periodista Fernando Tavares hace notar que este título fue expedido en circunstancias misteriosas.
Los 80 alumnos que asistieron a su graduación no recuerdan haber tomado clases con el funcionario federal. Como es una persona pública, sin duda lo habrían recordado.
Tampoco los académicos refieren haber sido maestros del director de Liconsa. No hay fotografías o evidencias de sus actividades relacionadas con la escuela.
Tampoco hay notas académicas ni nada. Ni siquiera en la cuenta de Twitter del funcionario, la cual usa mucho, hay algún registro.